Día 25/04/2011- A. CAPARRÓS / VALENCIA
Caja Mediterráneo (CAM) afronta otra semana clave para su futuro a corto plazo. La entidad alicantina ha convocado a su consejo de administración el miércoles por la mañana, la víspera de la fecha límite para remitir al Banco de España la información ampliada de su estrategia.
El organismo supervisor ha requerido mayores detalles sobre los planes de viabilidad a las cajas que han solicitado ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Con todo, la CAM —que reclamó 2.800 millones de euros— parte con la tranquilidad de que la ayuda ya ha sido aprobada.
Con estos fondos, la entidad que preside Modesto Crespo espera superar el 10 por ciento de capital respecto a activos de riesgos que se exige a las cajas que no cotizan o no tienen inversores privados significativos. Sin embargo, esos 2.800 millones suponen en la práctica, la nacionalización, toda vez que el Estado controlaría el setenta por ciento del capital.
Una circunstancia que iría acompañada de la salida de sus actual gestores. Ante esta situación, el equipo directivo busca fórmulas para encontrar socios privados que reduzcan el peso del Estado en el accionariado, ya que se ha descartado la salida a Bolsa. El plazo para hallar nuevos compañeros de viaje finaliza dentro de tres meses.
En este contexto, la reunión del consejo del miércoles servirá para aprobar la autorización del traspaso del negocio bancario y los activos al Banco CAM, que es la denominación escogida por la entidad alicantina para comenzar a operar con la ficha del Banco Base, adquirida por diez millones de euros después de que finalmente los anteriores socios de la CAM —Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria— optaran por romper con el contrato de integración.
Resultados hasta marzo
Los miembros del consejo de administración citados el miércoles también analizarán los resultados correspondientes al primer trimestre del año y un avance de la evolución del negocio de la entidad desde que se dio al traste con el SIP y se recurrió a las ayudas públicas para evitar la intervención.
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